La decisión del ex presidente Rodrigo Duterte de permitir a los operadores de juegos de azar en línea cuestionada por el Consejero Legal Presidencial en Jefe Juan Ponce Enrile.
El ex presidente Rodrigo Duterte firmó una orden ejecutiva que permite a los operadores de juegos de azar en línea ofrecer juegos a nivel internacional, lo cual ha sido criticado por el Consejero Legal Presidencial Juan Ponce Enrile. Enrile señaló que la decisión fue «mal aconsejada» y que otros países han prohibido tales operaciones, enfatizando la falta de control sobre los Pogos en ciertas áreas de Filipinas.
Las preocupaciones de Enrile son compartidas por muchos que argumentan que la presencia de los Pogos puede llevar a diversos problemas, incluyendo actividades ilegales como la trata de personas, el lavado de dinero y abusos sexuales. La investigación sobre los Pogos y su posible impacto negativo en la sociedad ha cobrado impulso tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes.
Enrile aclaró que los Pogos no formaban parte de sus planes originales al redactar la Ley de la Zona Económica Especial de Cagayán de 1995. Incluso expresó su acuerdo con el ex presidente Ferdinand Marcos Jr. en querer eliminar por completo los Pogos del país. La hija de Enrile, la Administradora de la Autoridad de la Zona Económica de Cagayán, Katrina Ponce Enrile, enfatizó además que no había Pogos dentro de su jurisdicción y que las operaciones de iGaming en Cagayán diferían de los Pogos.
La controversia en torno a los Pogos también ha llamado la atención sobre la cercanía potencial de estas operaciones a los sitios del Acuerdo de Cooperación de Defensa Mejorada (Edca). Sin embargo, tanto Pagcor como la hija de Enrile aclararon que no hay Pogos cerca de los sitios de Edca y que la presencia militar cerca de la zona económica no era motivo de preocupación debido a su seguridad general.
El debate sobre la sabiduría de permitir que los Pogos operen en Filipinas continúa, con Enrile cuestionando la decisión del gobierno y destacando la necesidad de una mejor regulación y control. A medida que avancen las investigaciones sobre los Pogos, queda por verse si se implementarán medidas más estrictas para abordar las preocupaciones planteadas por Enrile y otros.
Hechos adicionales:
1. La controversia en torno a los Pogos en Filipinas ha estado en curso desde su rápido aumento en popularidad en los últimos años.
2. Los Pogos se refieren a los Operadores de Juegos de Azar en Línea de Filipinas, que son plataformas de juegos de azar en línea que atienden a clientes fuera de Filipinas.
3. Una de las principales ventajas de permitir que los Pogos operen en Filipinas son los beneficios económicos potenciales que traen, como la creación de empleo y los ingresos fiscales.
4. Según la Corporación Filipina de Diversión y Juegos (Pagcor), la agencia gubernamental encargada de regular y supervisar los Pogos, la industria ha contribuido significativamente a la economía del país, generando miles de millones de pesos en ingresos.
5. Sin embargo, la presencia de Pogos también ha planteado preocupaciones sobre su impacto en la sociedad, incluidos problemas de seguridad, ética y costos sociales.
6. Algunas preguntas clave planteadas por el Consejero Legal Presidencial Juan Ponce Enrile y otros incluyen si el gobierno está regulando efectivamente a los operadores de Pogo, si la industria es propensa a actividades ilegales y si se necesitan controles más estrictos para abordar estas preocupaciones.
7. La proximidad potencial de los Pogos a los sitios del Acuerdo de Cooperación de Defensa Mejorada (Edca) ha planteado preocupaciones de seguridad, con críticos argumentando que la presencia de Pogos cerca de instalaciones militares podría comprometer la seguridad nacional.
8. La controversia en torno a los Pogos ha llevado a un debate continuo tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes, con legisladores que piden regulaciones más estrictas y una mejor ejecución para abordar los aspectos negativos asociados con la industria.
9. El resultado de las investigaciones y deliberaciones determinará si se implementarán cambios significativos en las políticas, como la eliminación o una regulación más estricta de los Pogos, en el futuro.
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